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SEGÚN LAS ACTAS DE LA REUNIÓN CELEBRADA EN OSLO ANTES DEL ATENTADO DE LA T-4

Gómez Benítez negoció con ETA la impunidad para Jarrai y PCTV

«Intentamos negociar la decisión del Supremo sobre Jarrai», dijo el hoy miembro del CGPJ. «Nuestro interés es que no sea considerada parte de ETA». «Lo probable es que se acuerde que el PCTV no constituya continuación de Batasuna», afirmó Benítez mientras su amigo Garzón congelaba el sumario. Un terrorista reprochó a los enviados del Gobierno que no cumplieran el trato de excarcelar a De Juana y también se discutió sobre el proceso contra 'Egunkaria'

ÁNGELES ESCRIVÁ

Madrid


«La decisión del Tribunal Supremo sobre Jarrai se sabrá a mediados del mes que viene. Nuestro interés es que no sea considerada parte de ETA y estamos intentando negociar sobre este asunto», aseguró uno de los interlocutores del Gobierno con ETA.

Según las actas incautadas en Francia a la banda, el autor de estas palabras fue José Manuel Gómez Benítez, entonces abogado de confianza del PSOE, hoy controvertido vocal del CGPJ, quien, en aquella reunión celebrada entre los días 11 y 15 de diciembre de 2006, puso sobre la mesa de negociación los procedimientos abiertos por el Supremo y la Audiencia Nacional contra la izquierda abertzale.

Así pues, entre otras cuestiones, se abordaron las situaciones judiciales y las gestiones que estaban realizándose en torno a Jarrai, Egunkaria, Udalbiltza, Ekin, el PCTV o las Herriko Tabernas, así como la situación de los presos con una enfermedad grave o el retraso en la excarcelación de José Ignacio de Juana Chaos. Los documentos muestran que los enviados del Gobierno se emplearon a fondo en aquella cita convocada en Oslo para mantener un proceso que ya había dado señales de agotamiento.

El terrorista que esquematiza la reunión recogida en el acta constata que, en primer lugar, tomó la palabra el número 2 de la delegación de ETA. Como estaba siendo habitual, los etarras pusieron sobre la mesa los «incumplimientos» atribuidos al Gobierno; pero en ese momento se centraron en aquello que, según dicen, se les prometió en septiembre, en el primer encuentro al que asistió Gómez Benítez, que fue, además, el primero tras el comunicado de la banda de agosto de 2006 en el que se advertía de que el proceso estaba en «peligro». El terrorista que interviene en primer lugar lamenta que desde septiembre, no se haya resuelto la excarcelación de De Juana, ni la puesta en libertad de los reclusos con enfermedades graves, ni los otros asuntos de los que está pendiente el denominado colectivo de presos.

Los enviados del Gobierno, naturalmente, no se limitaron a asumir las críticas como si nada. La banda llevaba desde el principio del proceso incrementando la intensidad y frecuencia de los actos de terrorismo callejero; seguía cobrando la extorsión empresarial, y había robado 300 pistolas en Francia. Se trataba de incumplimientos -éstos sí- flagrantes en los que venía incurriendo desde el mismo momento en el que anunció su «alto el fuego».

Sin embargo, superado ese primer momento de reproches mutuos, Gómez Benítez, tras advertir de que los procesos judiciales abiertos contra la izquierda abertzale son un peligro imposible de sortear en cualquier negociación porque no dependen del poder ejecutivo, pasó a abordar el caso de Jarrai. Siempre según el documento incautado, fue entonces cuando manifestó el interés de los presentes en que el semillero de la banda no fuera considerado parte de ETA y cuando aseguró que el Gobierno estaba intentando negociar, aunque sin especificar con quién.

El procedimiento relativo a las juventudes de ETA había provocado una notoria conmoción en 2005. Contra todo pronóstico, una sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a penas menores a 24 integrantes de Segi y su sucesora Haika, y negó que a estas organizaciones pudiese aplicárseles el adjetivo de terroristas. No se sabe si pudo influir, pero entonces ya había trascendido la noticia de que socialistas y abertzales llevaban un tiempo reuniéndose. El fiscal del caso, Enrique Molina, manifestó su enfado y la sentencia, contraria a todo lo establecido con anterioridad, fue recurrida por la AVT ante el Supremo.

En el momento de la reunión en Oslo, se sabía que quedaban semanas para que se pronunciara el Alto Tribunal. Dos semanas después, ETA perpetró el atentado contra la T-4 de Barajas. Y en enero, el criterio de la Audiencia Nacional fue revocado con una sentencia que no fue unánime dado que dos de los cinco magistrados que configuraron la Sala presentaron votos particulares.

Volviendo a la cita celebrada en la capital noruega, tras una breve alusión a Udabiltza, el número 4 por parte del Gobierno, Gómez Benítez, pasa a abordar la situación del PCTV. «Lo probable es que se acuerde que EHAK no constituye una continuación de Batasuna», se atribuye en el acta al representante del Ejecutivo.

También esa cuestión llevaba años siendo piedra de escándalo. El PCTV se presentó a las elecciones autonómicas de 2005 como el tapado de la izquierda abertzale. El Ejecutivo sostuvo que las pruebas aportadas contra esa formación no eran suficientes y no solicitó su ilegalización, en una decisión que quedó en evidencia la misma noche electoral, cuando el portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi se apropió ufano de la representación parlamentaria obtenida.

Cuando ETA volvió a atentar, las diputadas de Tierras Vascas se resistieron a condenar los atentados y provocaron que el juez Fernando Grande-Marlaska, a iniciativa de la AVT y como sustituto de Baltasar Garzón, abriese un procedimiento contra el partido por «colaboración» y «cesión de listas a Batasuna».

Durante la reunión celebrada en Oslo constaba que las últimas diligencias contra Tierras Vascas habían sido practicadas por Grande-Marlaska a finales de 2005, antes de la incorporación al juzgado de su titular, Baltasar Garzón, a su regreso de Estados Unidos. La AVT acababa de solicitar, sin éxito, que se revitalizase la causa. Por delante estaban las elecciones municipales de 2007 a las que se presentó ANV porque, tras el atentado de la T-4, lo mínimo que se le exigía a la izquierda abertzale es que presentase una formación que no estuviese tan cuestionada como el PCTV.

La suspensión de actividades de estos dos partidos por parte de Garzón no se produjo hasta febrero de 2008, a pesar de las nuevas informaciones sobre los vínculos entre Tierras Vascas y Batasuna.

También es cierto que los enviados del Gobierno informaron a los etarras de que, en determinados asuntos, no había mucho que hacer. Es el caso de los procesos contra Ekin sobre los que se afirma que lo previsible es que haya varias condenas, una situación que se ve compensada con otros logros como «un auto en el que se resuelve que reunirse con Batasuna no es delito, y otro del Supremo relativo a las Herriko».

Gómez Benítez recordó de nuevo a los etarras, en el transcurso de la reunión, que eran sus incumplimientos y no los del Gobierno los que podían dar al traste con todo. Se les informa de que cuando ETA robó las armas en Vauvert el Gobierno se había comprometido a solicitar el apoyo parlamentario para hacer más flexible la política penitenciaria: «Si ese robo no se hubiera producido, se hubieran tomado iniciativas sobre los presos o sobre las madres con hijos, y todo eso fue paralizado por culpa de ese delito».

Éste fue uno de los argumentos empleados por los representantes del Ejecutivo para impelir a los etarras a superar la tensión y la crisis que estaba atravesando el proceso, y a volver al punto de partida.

De los tres interlocutores del Gobierno, unos se marcharon de Oslo convencidos de que la situación estaba controlada y persuadidos de que la prueba era que ETA había aceptado una cita para el 30 de enero; sin embargo, otra parte advirtió que algo estaba yendo peor de lo esperado e incluso se barruntó la posibilidad -no había precedentes durante una tregua- de que la banda estuviese preparando un atentado que, en el peor de los casos, suponía incruento. Quince días después estallaba la T-4.



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Claves de un encuentro en Oslo

>La reunión se celebró en Oslo y la protagonizaron tres interlocutores en representación de cada una de las partes, que fueron recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores noruego. Se trata del encuentro al que no asistió por primera vez Josu Urrutikoetxea 'Ternera' y en el que se constató que su liderazgo había sido sustituido por 'Thierry', un terrorista que se mostró especialmente intratable y al que los enviados del Gobierno desconocían.

>En las actas de la banda terrorista, los interlocutores de cada parte están numerados, de modo que, esos días, quienes asisten al encuentro son los números 2, 3 y 4. No se especifica qué identidad corresponde a cada cifra pero en el caso del número 4 del bando del Ejecutivo, un documento anterior lo identifica como Gómez Benítez. Ese sistema ordenado de numeración se mantiene hasta el atentado de la T-4. Cambia en la segunda parte de la negociación, cuando es detenido Jon Iurrebaso, uno de los representantes de ETA, a quien se atribuye la redacción de las actas.

>Los enviados del Gobierno realizaron grandes esfuerzos para mantener un proceso que había dado señales de agotamiento con el abandono de los dirigentes de Batasuna de las negociaciones políticas de Loyola.

LUCHA ANTITERRORISTA / Las actas de la banda

¿Qué hacía 'Egunkaria' en la negociación?

Las dos partes incluyeron a un periódico cuya defensa niega vínculos con ETA

ÁNGELES ESCRIVÁ

Madrid

Entre los días 11 y 15 de diciembre de 2006, la delegación del Gobierno y los enviados de ETA hicieron mención del caso de Egunkaria, un periódico afín a la izquierda abertzale cuyo cierre fue decretado judicialmente bajo la acusación de ser uno de los instrumentos empleados por la banda. Sobre Egunkaria, «el fiscal ha pedido sobreseimiento sobre integración», comunica a los etarras uno de los interlocutores del Gobierno que demostró estar bien informado. Efectivamente, el Ministerio Público había defendido esta posición en un escrito fechado el 14 de diciembre, prácticamente el día en el que el representante del Ejecutivo comunica a ETA la situación.

En la defensa de su retirada, el fiscal sostenía que «no existen suficientes elementos incriminatorios para estimar acreditada la perpetración del delito de organización terrorista», una posición razonada a lo largo de 26 folios y que rectificaba la mantenida por el propio Ministerio Público 10 meses antes, el 13 de febrero de 2006. En un auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional viene recogida la oposición de la Fiscalía a la solicitud de revocar el procesamiento realizada por los imputados y basada en la inexistencia de indicios racionales de criminalidad.

En el escrito del 14 de diciembre, el fiscal sostiene que los documentos en los que se basa la Guardia Civil para actuar contra Egunkaria son de los años 1990 a 1993, ya judicializados y objeto de otros procedimientos; asegura que no se ha encontrado ningún papel propiedad de los procesados que refiera la intervención de ETA en el periódico, se niega su control económico, la designación de los cargos por parte de la banda y se afirma que todo lo incautado revela «el interés de la banda en Egunkaria y el hecho de que está al tanto de sus necesidades, pero no que las controle».

Frente a esta posición, los argumentos de la Sala, establecidos sin oposición de la Fiscalía meses antes, sostenían que los documentos de Egunkaria también estaban en poder de ETA; que desde el periódico se les pedían respuestas a miembros de la organización; que algunos de los procesados tenían la función de informar a ETA; que la banda barajaba candidatos para director, y que tomaba decisiones antes de que lo hiciese el consejo de administración.

Es obvio que la Fiscalía consideró que, tras meses de investigaciones, pruebas que al inicio parecían contundentes habían perdido su capacidad probatoria y así lo señaló sin ambages. Lo que resulta inexplicable es que el caso Egunkaria fuera incluido en la mesa de negociación que mantenían el Gobierno y ETA si no tenía nada que ver con la banda terrorista. Y que no hubiese asomo de réplica alguno por ninguna de las dos partes.

A FONDO / LUCHA ANTITERRORISTA / El análisis

El valido de Garzón

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

Cuando José Manuel Gómez Benítez se incorporó al Consejo General del Poder Judicial, hace apenas año y medio, a propuesta del PSOE, quiso dejar claro su papel: «Yo soy aquí el hombre del Gobierno».

Estamos en septiembre de 2008 y el catedrático de Derecho Penal estaba, a sus 57 años, en la cúpula de su carrera.

Creía que sus servicios, al partido y al Gobierno, le hacían merecedor de un papel estelar en el mundo judicial. Tenía tres apoyos consolidados que le daban suficiente respaldo como para hacer esa afirmación, que dejó de piedra a algunos de sus compañeros, y me refiero a los que forman parte del grupo mayoritario o progresista del CGPJ. Ese tridente de valedores lo formaban Mariano Fernández Bermejo (ministro de Justicia entonces), Alfredo Pérez Rubalcaba (ministro del Interior) y Baltasar Garzón (juez de la Audiencia Nacional).

Que era el hombre del Gobierno en el Consejo se vio enseguida. En septiembre de 2008, el CGPJ decidió sancionar al juez Rafael Tirado con una multa de 1.500 euros por una falta grave, a consecuencia del retraso injustificado en la tramitación de la ejecución de la sentencia dictada en 2002, que condenaba a prisión al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Se montó un escándalo y el Gobierno, ávido de popularidad y con Bermejo a la cabeza, presionó para que el CGPJ endureciera la sanción a Tirado.

¿Quién peleó en el CGPJ en defensa del criterio del Gobierno? Gómez Benítez.

Sin embargo, el catedrático, cuya formación jurídica es reconocida incluso por sus más enconados detractores, perdió la batalla. El 23 de diciembre de 2008, el CGPJ ratificó la sanción a Tirado al entender que su error no podía considerarse falta muy grave, lo que hubiera implicado la suspensión.

Fue un primer toque de atención que ponía de relieve que este hombre de armas tomar (en sus tiempos de estudiante le llamaban Gadafi, por sus ideas y pelo ensortijado; aunque él prefería el sobrenombre de Manolo el bravo) no contaba con el respaldo de la mayoría del CGPJ, en cuyo grupo progresista Margarita Robles ejercía con sutil firmeza el liderazgo.

En febrero de 2009, Mariano Fernández Bermejo, acosado mediática y políticamente por sus cacerías con Garzón, dimitió como ministro de Justicia. El bravo Gómez Benítez movió todos los hilos para sustituir a su protector, pero la ayuda de Rubalcaba no le fue suficiente. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega impuso su criterio y situó al frente del Ministerio a Francisco Caamaño. No era la primera vez que Rubalcaba mordía el polvo en un enfrentamiento con De la Vega.

El caso es que nuestro hombre tuvo que resignarse a seguir como vocal del CGPJ. Pero no tardó mucho en promover una nueva causa. Esta vez, en defensa de su buen amigo el juez Garzón, que pretendía auparse a la Presidencia de la Audiencia Nacional tras la salida de Carlos Dívar, nombrado presidente del Supremo y del CGPJ.

A pesar de contar con la acorazada del Grupo Prisa, Gómez Benítez concluyó su lance con un nuevo fracaso. El candidato propuesto por Robles, Ángel Juanes, fue nombrado presidente de la Audiencia y Garzón vio frustradas sus ambiciones.

Hace unos días, Gómez Benítez ha vuelto a cobrar protagonismo como mártir de una cruzada; esta vez contra el pasteleo de cargos en la carrera judicial. Según sus propias palabras (ver entrevista en El País), «el proceso de selección de la cúpula del Poder Judicial no debe hacerse mediante pactos entre asociaciones».

Es una lástima que quien esto denuncia sea miembro de la Comisión de Calificación (es decir, la encargada de filtrar los candidatos a puestos judiciales relevantes) y haya sido pastelero mayor hasta hace apenas dos meses. Su amenaza de dimisión quedó en nada. Fue rechazada por el Pleno del CGPJ y él, en lugar de marcharse, prefirió seguir en su puesto. Esto es lo que se llama ser consecuente.

Ahora bien, ¿qué ha sucedido para que este gigante del Derecho haya montado esta tormenta mediática? ¿Cuál es el motivo por el que ha puesto en la diana de sus afilados dardos a Margarita Robles?

Sólo hay que echar la moviola un poco hacia atrás. Exactamente hasta el 9 de febrero de este año, cuando la Comisión Permanente del CGPJ decidió dar el primer paso para apartar cautelarmente a Garzón de la Audiencia Nacional por las querellas por prevaricación admitidas a trámite por el Supremo.

Fue a partir de ese momento cuando el catedrático inició su ofensiva contra el sistema de elección de la cúpula judicial.

«El objetivo de Gómez Benítez es doble: desacreditar al Consejo y al Supremo como una estrategia de defensa de su amigo, el juez Garzón», concluye una fuente del CGPJ.

Sin embargo, el empecinamiento del que fuera abogado de Garzón y de Navalón (Argentia Trust) no puede entenderse bien si no se echa una ojeada al llamado proceso de paz.

En efecto, Gómez Benítez se incorporó en septiembre de 2006 al equipo negociador del Gobierno en las conversaciones con ETA.

Gómez Benítez era, por así decirlo, el brazo judicial en la negociación. Es decir, la terminal de Garzón en el diálogo con ETA que, según pensaba entonces el Gobierno, tenía que conllevar determinadas cesiones políticas. Fue Gómez Benítez quien, en la reunión mantenida con la banda el 27 de octubre de 2006, utilizó el chivatazo del Faisán como argumento para demostrar la buena disposición del Ejecutivo.

Ahora, según revela EL MUNDO, también sabemos que el 15 de diciembre, ¡dos semanas antes del bombazo de la T-4!, Gómez Benítez se esforzó en explicarles a los etarras los esfuerzos para lograr separar, desde el punto de vista penal, a la organización juvenil Jarrai de ETA.

Es decir, que la negociación con los terroristas tenía una triple vertiente: policial, política y judicial. Y el hombre clave de esa última era, precisamente, Gómez Benítez.

La entrada en juego del Grupo Prisa en defensa de Gómez Benítez como apéndice de Garzón tiene que ver con otra deuda. El juez de la Audiencia Nacional le puso en bandeja a Jesús Polanco la defenestración de Javier Gómez de Liaño en la querella contra Sogecable.

Cuando El País habla en sus editoriales del «cerco a Garzón» debería recordar lo que se dijo en sus páginas sobre Gómez de Liaño. Aquello sí que fue una cacería

EDITORIAL

Gómez Benítez no debe seguir en el Poder Judicial

LOS DOCUMENTOS que transcriben las reuniones de tres representantes del Gobierno con otros tres miembros de ETA, celebradas a mediados de diciembre de 2006 en Oslo, ponen en evidencia el alto y vergonzoso precio que el Ejecutivo estaba dispuesto a pagar por la renuncia a las armas de la banda terrorista.

Las actas recogen las palabras de José Manuel Gómez Benítez, abogado e íntimo amigo de Baltasar Garzón y uno de los tres enviados del Gobierno, cuando ofreció a los negociadores de ETA trabajar en pro de la impunidad de Jarrai. En aquellos momentos, el Tribunal Supremo tenía que tomar una decisión sobre el recurso contra un fallo de la Audiencia Nacional, que un año antes había considerado que los delitos por kale borroka o lucha callejera constituían una simple asociación ilícita y no colaboración con banda armada. Uno de los magistrados que firmaron aquella polémica sentencia -adoptada cuando ya se perfilaba la tregua de ETA- fue Santiago Pedraz, amigo de Baltasar Garzón.

«Nuestro interés es que Jarrai no sea considerada como parte de ETA. Estamos intentando negociar sobre este asunto», subrayaba bochornosamente Gómez Benítez ante los interlocutores de la banda. Un par de semanas después, se produjo el atentado de la T-4 y, un mes después, el Supremo revocó el criterio de la Audiencia Nacional, estableciendo que Jarrai es una organización supeditada a ETA. La decisión se adoptó por el estrecho margen de tres votos contra dos. ¿Hubiera sido la misma de no mediar el atentado? ¿Hizo alguna gestión Gómez Benítez ante algún miembro del tribunal?

El abogado afirmó también en aquellas reuniones que «lo más probable es que se acuerde que EHAK [Partido Comunista de las Tierras Vascas] no constituye un apéndice de ETA». Era Garzón quien instruía en diciembre de 2006 un sumario contra los dirigentes de este partido que estuvo congelado durante bastantes meses. Fue la Fiscalía quien solicitó finalmente la ilegalización de la mitad de sus listas en vísperas de las elecciones municipales, que se celebraron en junio de 2007 con la tregua ya rota.

Las actas de la negociación muestran también cómo uno de los representantes de ETA pidió explicaciones sobre el retraso en la excarcelación de De Juana Chaos -elemento añadido de oprobio a lo que ocurrió con este asesino múltiple- y cómo ambas partes discutieron sobre la situación procesal de los imputados del diario Egunkaria.

De sus intervenciones en las reuniones con la banda, parece desprenderse que Gómez Benítez actuaba como una especie de representante oficioso del poder judicial, o, al menos, como una persona que tenía influencia y contactos con la Justicia. Esta hipótesis no era descabellada tras la afirmación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de que «las togas tenían que mancharse con el polvo del camino», lo que significaba en roman paladino que los jueces tenían que ayudar al Gobierno en el proceso de negociación. Gómez Benítez era el abanderado de esta filosofía ante los representantes de ETA, que estaba convencida seguramente de que el Gobierno podía presionar a la Justicia en su favor.

Quien asumió entonces aquel papel es hoy miembro del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la Justicia. Se ha erigido además en celoso guardián de la independencia judicial al denunciar la politización en los nombramientos de la institución a la que pertenece.

Tal pretensión choca con el indigno papel desempeñado en Oslo, donde se prestó a moldear la interpretación de la ley en función de los intereses de ETA. Su conducta requiere una explicación que Gómez Benítez ha eludido hasta ahora. Su actuación en aquellas reuniones demuestra que Gómez Benítez no puede seguir en el Consejo del Poder Judicial sin contaminarlo y sumirlo en el descrédito.