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LUCHA ANTITERRORISTA / La delación a ETA

Soplo al director de la Policía

García Hidalgo fue alertado de que sus teléfonos estaban intervenidos en el 'caso Faisán'

FERNANDO LÁZARO

Madrid

Algunos jugaron con ventaja. Tuvieron información privilegiada de cómo avanzaban las investigaciones del caso Faisán sobre el chivatazo policial a ETA. Según explicaron a este diario fuentes policiales, los investigadores del caso detectaron cómo al menos el que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, fue alertado de que sus teléfonos estaban intervenidos y sus conversaciones eran vigiladas. El aviso, este nuevo chivatazo, según estas fuentes, se produjo a finales de septiembre de 2006, dos meses después de que el juez Baltasar Garzón pasara a ocuparse de la instrucción.

Fue en ese momento cuando los investigadores detectaron un muy ilustrativo bajón en la actividad de los teléfonos móviles de tarjeta prepago que estaban siendo investigados por el equipo dirigido por Carlos G. y cuyo uso se atribuía a García Hidalgo. También comprobaron una importante disminución en el volumen de llamadas del teléfono oficial que hasta ese momento era utilizado por el ex director de la Policía.

La convicción fue entonces clara: se había producido una fuga de información (y no la primera) sobre las investigaciones judiciales. Según estas fuentes, la alerta pudo haberse ampliado al resto de los presuntos implicados en la trama, pero en el que más claramente observaron el fin de las comunicaciones es en el caso de García Hidalgo.

Cuando se detectó el chivatazo, el entonces instructor de la causa, Fernando Grande-Marlaska, puso en marcha una doble investigación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En ambos casos, los encargados tenían la prohibición expresa de facilitar datos a sus superiores. La llegada de Garzón sacó a la Guardia Civil y dejó sola a la Policía Nacional, que mantenía la prohibición de dar información a sus superiores de la Comisaría General de Información.

Pero, según explicaron fuentes cercanas a los investigadores, el director general tuvo información de las pesquisas. Los encargados policiales detectaron movimientos telefónicos desde cabinas entre mandos relacionados con los investigados. Incluso, se constató cómo policías de la lucha antiterrorista contactaron con los investigados para que les llamaran desde «teléfonos seguros». Es decir, quedaba la constancia de que entre mandos de la Policía existía la sospecha de que estaban intervenidos los teléfonos de los citados como sospechosos en los informes.

Conviene recordar que en los escritos enviados por el equipo de Carlos G. al juez Garzón se explica que los investigados habían adoptado una serie de «medidas de seguridad» para «proteger la confidencialidad de sus comunicaciones». Trataban de blindarlas, lo que para los investigadores era un indicio más de su presunta implicación en el chivatazo a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán y uno de los responsables de la trama de extorsión de ETA.

Una de estas medidas fue la activación casi simultánea de varias tarjetas telefónicas de Movistar. Todas prepago. En aquel momento, año 2006, no era necesario identificarse para adquirir este tipo de tarjetas.

En sus escritos, los investigadores hacen un detallado control comparativo de los teléfonos sospechosos prepago con los oficiales asignados por Interior a los investigados.

Así, en el informe remitido al juzgado de Garzón en enero de 2007, los policías detallaban el cruce de llamadas entre cinco teléfonos de tarjeta prepago utilizados, al menos, por el inspector de Vitoria que se presume que entregó el teléfono a Elosua, el jefe superior en el País Vasco (al que se atribuye el chivatazo) y el director general de la Policía. En el caso de este último, los investigadores averiguaron que, además del oficial, funcionaba con otros dos teléfonos con tarjetas prepago.

Uno de estos números es el que tenía en su poder el etarra Jon Iurrebaso, uno de los intermediarios del Gobierno en el proceso de paz. La Policía no logró acreditar a quién correspondía uno de esos teléfonos prepago; sólo que estaba siendo utilizado fundamentalmente en San Sebastián y que no pertenecía a ninguno de los investigados.

A requerimiento de Garzón, los investigadores detallaron en uno de sus escritos el número de copias que realizaron del informe matriz, en el que se detallaban sus acusaciones. Indicaron que de él y de sus anexos, firmados además de por Carlos G. por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 18.724, 78.870, 78.887 y 78.882, se realizaron dos copias. El original quedó en manos del juez. Una de las copias le fue entregada al Director Adjunto Operativo de la Policía y otra se la quedó el jefe del equipo investigador.

Además, para demostrar que las pesquisas estaban blindadas, los investigadores detallan: «Al haberse elaborado el informe 367/06 por los cinco funcionarios y con el fin de garantizar la confidencialidad de su contenido, se adoptó la precaución de confeccionar el mismo en disco duro externo (memoria USB), motivo por el que cada uno de los funcionarios están en posesión del archivo informático que contiene el borrador del precitado informe».



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Un comisario apuntó al investigador

No aporta datos, sólo su impresión personal y profesional. Pero es uno de los pocos informes policiales que, además de los del equipo de investigación dirigido por Carlos G., constan en el sumario instruido por Garzón. Está firmado por el comisario José C., que cuando se produjo el chivatazo estaba destinado en la Comisaría General de Información. En su escrito, lanza sospechas sobre Carlos G. Apunta un comentario de este inspector jefe sobre el llamado 'proceso de paz'. El mando policial asegura que el inspector, que llevaba meses tras la pista de la trama de extorsión de ETA presuntamente liderada por Joseba Elosua, se había mostrado en contra de actuar contra ella porque, a su entender, podía perjudicar el 'proceso'.

Estos datos fueron aportados por el que fuera comisario de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Comisaría General de Información en aquellas fechas a requerimiento del entonces juez instructor de ese sumario, Fernando Grande-Marlaska. Este comisario envió al menos tres informes a este magistrado y otros dos a Baltasar Garzón cuando éste retornó a su juzgado tras su estancia en Estados Unidos.

El responsable de la UCI se refería así a los comentarios que, durante las reuniones preparatorias para desmantelar la trama del 'impuesto revolucionario', asegura que realizó el inspector jefe Carlos G., entonces jefe de la sección de Economía de la Unidad Central de Inteligencia.

Pero en su informe, además de aportar comentarios que se presume que escuchó a Carlos G., el comisario de la UCI no da indicios, ni pistas ni aporta pruebas que sostengan que fue el responsable de la investigación el mismo que dio el chivatazo a ETA.

De hecho, ni Grande-Marlaska inicialmente, ni después Baltasar Garzón, llamaron a declarar a Carlos G. tras la denuncia de su superior.

De hecho, Carlos G., pese a haber enviado cinco informes a la Audiencia Nacional sobre sus investigaciones, no ha sido citado a declarar por el instructor ni una sola ocasión. Ni siquiera, como recuerdan fuentes policiales, ha sido llamado a instancias de la Fiscalía para que ratificara sus informes, para que diera fe de que esos escritos presentados ante el juez eran sus conclusiones. Como recuerdan las partes, éste es otro de los puntos pendientes de la investigación.

DANIEL PORTERO /Presidente de Dignidad y Justicia

«Si se archiva el caso sería un chivatazo judicial»
Está al frente de una asociación decidida a poner toda la carne en el asador para conocer quién dio el chivatazo a ETA y, sobre todo, quién lo ordenó

FERNANDO LÁZARO

Madrid

Pregunta.- ¿Por qué se personó Dignidad y Justicia en este procedimiento?

Respuesta.- Lo decidimos en 2006, justo cuando se conoció el chivatazo, porque entendemos que forma parte del sumario troncal, el de la trama de extorsión de ETA.

P.- Vista la evolución de la causa y, ante la petición de archivo por parte del fiscal y el silencio de la AVT, parece que se quedan solos. ¿Han recibido presiones o mensajes para que rebajen la presión acusatoria?

R.- No directamente. Lo que pasa es que a veces en algunos círculos de la Audiencia Nacional no estamos bien vistos; lo percibimos sobre todo en el trato con la Fiscalía. Y esto es muy triste, porque son ex compañeros de mi padre. En la Fiscalía no podemos casi ni entrar. Notamos un ambiente muy hostil contra nosotros.

P.- Hasta el juez Grande-Marlaska recibió cantos de sirena para que el caso no avanzara.

R.- Entiendo que los hubo. Para nosotros, Garzón, judicialmente, merece el respeto en algunas causas, pero, en otras, entiendo que se está pasando de la raya. Debe tener mucho cuidado, porque él, en algún momento, puede pensar que la información que tiene es privilegiada de cara a otros asuntos propios y personales, y tiene que darse cuenta de que siempre habrá alguien detrás, vía judicial, vía periodística o por otra, que va a hacer lo posible para que se esclarezca la verdad.

P.- Algunos dicen que investigar el chivatazo puede provocar un grave daño en la moral de las Fuerzas de Seguridad y perjudicar la lucha antiterrorista.

R.- Yo creo que no. Es un ejercicio democrático que se sepa la verdad. Y en algún momento se va a saber.

P.- ¿Seguro?

R.- Creo que sí, y que en algún momento se sabrá también que Egunkaria y Udalbiltza estuvieron sobre la mesa de negociación entre el Gobierno y ETA. A lo mejor quien debería saberlo es el tribunal que está juzgando a los encausados en Egunkaria. Y el caso Faisán también se sabrá.

P.- Han tenido acceso a una parte del sumario del chivatazo. No le voy a pedir que nos dé información, porque lo tiene prohibido por Garzón, pero sí que nos haga un dibujo, que nos diga las conclusiones a las que ha llegado.

R.- Se ve claramente que falta la mitad de la instrucción, como mínimo. Si hay 14 tomos, faltan otros 14, que es la parte de la Guardia Civil. En esta causa no se la ha dejado participar y lógicamente tiene mucho que decir, porque la Guardia Civil sólo tuvo un mes para preparar lo que precisamente era la investigación sobre el equipo de investigación policial del chivatazo. La Guardia Civil tenía el encargo de investigarles a ellos. Pero en cuanto entra en el procedimiento Garzón les aparta y entiende que es un tema de la propia Policía. Y el equipo de investigación hace bien su trabajo, pero teledirige en un único sentido.

P.- ¿Cree que los investigadores no apuraron todas las líneas?

R.- Creo que el hecho de que este equipo ya formara parte de las propias investigaciones sobre la trama de extorsión, y que fueran ellos los primeros que tuvieron el material de la baliza que permitió destapar el chivatazo, hace que existan dudas. Eso no quiere decir que acuse a los investigadores, pero creo que no hay que descartar todas las hipótesis. Pienso que no están todos los que son ni son todos los que están.

P.- El hecho de que un equipo de policías ponga en el punto de mira a su director general...

R.- La investigación es muy buena, es un trabajo muy fino, muy trabajado, pero visto con orejeras, en una única dirección. Para evitar cualquier duda y sospecha, creo que el propio equipo investigador se debería haber sometido a investigación, y quién mejor que la Guardia Civil para llevarla a cabo.

P.- ¿Tiene una hipótesis de lo que pasó?

R.- Hombre, quien tiene todas las de perder es García Hidalgo. Sobre el resto, habría que investigar más.

P.- Pero parece que todo está en vía muerta.

R.- El problema es que el juez no nos ha dado la oportunidad. En la Sala de lo Penal hay 32 diligencias pendientes sobre este asunto que deben resolverse; la Sala tiene que decir sí o no a esas diligencias. Si dice que sí, creo que la investigación va a avanzar muchísimo y creo que algún día se podrá aclarar algo.

P.- ¿Y si es un no?

R.- Pienso que, si se cerrara la puerta, sería un escándalo aún mayor que lo que se ha producido con el propio chivatazo. Sería un chivatazo judicial, absolutamente.

P.- Los informes apuntan al director. ¿Por dónde cree que sigue la línea ascendente de implicados: Interior, Ferraz, quizá Moncloa...?

R.- Hay un tráfico de llamadas con la Secretaría de Estado, con el señor Camacho, que es más que dudosa. Creo que Interior debería aclarar como mínimo por qué esos días existen esas llamadas y precisamente a la hora crítica. Si Interior quisiera ser transparente, no tendría que darle miedo hablar y debería explicar en qué consistieron aquellas llamadas. Si no lo quiere hacer, es un problema. Deben aclarar mucho. Debe hablar el Ministerio del Interior, ya sea el ministro o el secretario de Estado. Y deben aclarar esta situación. Tienen mucho que decir y no estoy viendo que sean transparentes. A mí me crea una cierta sospecha.

P.- ¿Cómo valora la actuación de Garzón?

R.- Creo que se ha equivocado. Ha mantenido el secreto mucho tiempo. Este tema es delicado, pero la sociedad española y las víctimas del terrorismo no se merecen estos silencios. Lo que tenía que haber hecho Garzón es abrir el abanico de la investigación y no cerrarlo al sacar a la Guardia Civil.

P.- Por lo que sabe, ¿es verosímil que los policías dieran un chivatazo sin recibir órdenes?

R.- Es inverosímil de todo punto.

16 de febrero de 2010

LUCHA ANTITERRORISTA / El soplo a la banda terrorista

La Audiencia resucita el chivatazo por su 'gravedad sin precedentes'

La Sala de lo Penal ordena al juez Garzón tomar «declaración a testigos policiales» y pedir a Francia toda «la documentación» de las llamadas de los etarras Afirma que las características del delito aconsejan «especial celo y diligencia y un agotamiento más allá de lo normal» en su investigación El auto da por hecho que «los autores están y deben estar dentro del grupo» de policías que, por una u otra razón, tenían «conocimiento de la operación»

FERNANDO LÁZARO / JOAQUÍN MANSO

Madrid

La primera bola de partido se ha salvado. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional evitó ayer el archivo del chivatazo policial a la red de extorsión de ETA en 2006. Era el auto más esperado. Si el tribunal hubiera dado un espaldarazo a las decisiones de Garzón, el instructor hubiese tenido vía libre para archivar las diligencias, como ya pidió el fiscal.

La Sala es muy clara en su escrito y, así, asevera que los hechos investigados «adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España». La resolución, que ha redactado el magistrado Enrique López, reclama por ese motivo al juez instructor que agote «la investigación hasta los extremos que sean necesarios». Y destaca que la razón por la que el fiscal pide el archivo «no es la inexistencia de estos hechos», sino que todavía no hay «indicios incriminatorios» que permitan identificar a los culpables.

La Sección Segunda -que formaron los magistrados Ángel Hurtado (presidente) y Julio de Diego, además del citado López- da varios tirones de orejas al juez Garzón: «La naturaleza de los hechos investigados aconseja un especial celo y diligencia en su investigación, más allá de toda duda, y un agotamiento más allá de lo normal o de lo usual, habida cuenta de su gravedad», relata el auto.

Y exige a Garzón «el máximo celo investigador, transparencia y, sobre todo, agotar al máximo la investigación». La Sala se pronuncia así a la hora de resolver las peticiones de Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ambas acusaciones solicitaron varias diligencias al juez, que éste rechazó.

El tribunal también avala muchas de las decisiones de Garzón, pero deja claro de dónde proviene el chivatazo: «Parece que el círculo de posibles autores está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directa o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que se iba a realizar el 4 de mayo de 2006».

Y, sobre todo, los magistrados consideran que la investigación no ha concluido y, por ello, admiten varias de las diligencias solicitadas por las víctimas. La primera y fundamental es que el juez Garzón -o quien le sustituya, si es que es suspendido - deberá llamar a declarar en calidad de testigo al inspector jefe Carlos G., autor de los informes policiales aportados a la causa.

En esa documentación, el mando policial incorpora detallados seguimientos telefónicos y sus conclusiones, que vinculan con el chivatazo policial del bar Faisán al que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; al jefe superior del País Vasco, y a un inspector de Vitoria destinado a la lucha contra el terrorismo islamista. Estos tres ya fueron citados a declarar por Garzón en calidad de imputados.

El equipo de Carlos G. también ponía en el punto de mira a una inspectora jefe de San Sebastián, que sería quien proporcionó la información sobre las pesquisas del bar Faisán al jefe superior del País Vasco. Y señalaba también al comisario de Bayona, implicado en el bloqueo de la actuación policial en Francia contra el aparato de extorsión de ETA. Estos dos últimos no han sido citados aún a declarar.

El inspector jefe Carlos G. no había sido citado en ningún momento durante los más de tres años que lleva vivo el procedimiento judicial. «La Sala entiende que, habida cuenta de la naturaleza de los hechos y su especial singularidad, esto es, que la posible filtración de la investigación sólo pudo provenir de un responsable de la misma, la declaración de este funcionario, lejos de ser inútil y perjudicial, resulta necesaria con el fin de esclarecer los hechos lo más posible. La contundencia del informe y las declaraciones prestadas por el oficial de enlace y demás policías franceses al margen de las posteriores exigen esta declaración», se argumenta en la resolución.

La Sala da el visto bueno a más diligencias que reclamaron las acusaciones. Por un lado, ordena que Garzón reclame a Francia el «análisis del tráfico de llamadas de teléfono que se produjo en la cabina desde la que llamó Joseba Elosua». El sospechoso utilizó por primera vez una cabina de teléfono de Francia poco después de haber recibido el chivatazo. Entiende el tribunal que, desde allí, pudo alertar a alguien de que estaban siendo seguidos. O, incluso, pudo confirmar el aviso policial. Los magistrados también piden la documentación relativa a las observaciones telefónicas que se realizaron a José Antonio Cau Aldanur, otro de los implicados en la trama de extorsión de ETA.

Y por otro lado, la Sala ordena que se tome declaración a dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián conocidos por Unai y Sugoi. Según explicaron fuentes policiales, ambos agentes participaron en la operación del bar Faisán y estuvieron en las inmediaciones de Irún. Aseguran que ambos agentes detectaron la presencia de algún policía en los alrededores del bar.

El tribunal entiende, asimismo, que aún hay vías que no se han investigado «ni por el Ministerio Fiscal ni por la Policía Judicial, lo cual debería ser tenido cuando menos en cuenta, al objeto de, o bien proseguir una investigación en esa línea [que apunta a los propios investigadores del caso] o bien valorar la no necesidad de iniciar esa investigación».

En este sentido, la Sala destaca la conversación de Elosua en la que éste dice que la persona que le llama controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos. Y los magistrados sostienen que esa línea de investigación no se ha agotado. «Sólo se podría saber por alguien que estuviese relacionado muy de cerca con la investigación».

Pero, pese a ello, la Sala comparte con Garzón «el criterio de confianza» sobre el equipo investigador, «y prueba de ello es que el informe con mayor fuerza incriminatoria existente en autos fue elaborado por los funcionarios encargados de la previa investigación». Es decir, de la operación contra el aparato de extorsión.

Las acusaciones habían pedido también que el juez citara a declarar a uno de los comisarios destinados entonces en la Comisaría General de Información con el número 13.610. Este mando policial envió un informe en su día a la Audiencia Nacional indicando que él entendía que el chivatazo había sido obra del propio responsable de la investigación, Carlos G., y que lo había realizado con el fin de que la operación policial del bar Faisán no perjudicara el llamado proceso de paz. Garzón lo rechazó y la Sala, pese a que va a tomar testimonio a Carlos G., tampoco lo considera imprescindible.

Las acusaciones coincidieron, asimismo, en pedir al juez Garzón que implicara en las pesquisas a la Guardia Civil. Entendían que este cuerpo podía estar menos condicionado a la hora de llevar a cabo la investigación. No en vano, se trata de investigar a miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Tanto Dignidad y Justicia como la AVT insistieron en esa petición, que fue rechazada por el juez Garzón. Ahora, la Sala ha avalado este rechazo al considerar que el grupo de investigadores que ha dirigido las pesquisas cuenta con confianza judicial y ha aportado el informe «con mayor fuerza incriminatoria que existe en autos».

La Sala rechaza de plano todas las peticiones de la AVT, que solicitaba que se repitieran todas las diligencias practicadas durante la fase secreta de instrucción.

El tribunal también declina llamar a declarar a todos y cada uno de los funcionarios policiales que intervinieron en el dispositivo los días 3 y 4 de mayo 2006, «debido al alto grado de generalidad e indeterminación» de la pericia. No obstante, añade: «Cuestión diferente es que, a raíz de la práctica de las nuevas diligencias, el juez instructor considere que se debe llamar a declarar a nuevos testigos, algo que dependerá del resultado de las mismas y que, obviamente, si fuera necesario debería hacer».

«La investigación de ciertos delitos», recuerda la Sala, «puede requerir la práctica de un elevado número de diligencias que alcancen a un amplio círculo de personas, sin que de este último dato pueda concluirse la práctica de una inquisición general, incompatible, ciertamente, con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución. Creemos que éste es un caso que requiere este especial celo, que a su vez también podría merecer la apertura de otras nuevas líneas de investigación, como la que el propio Ministerio Fiscal describe en su escrito, pero, en todo caso, la decisión le corresponde al juez», concluye el auto.

LUCHA ANTITERRORISTA / El soplo a la banda terrorista

Las aportaciones de EL MUNDO al 'caso Faisán'

>Desvelado el chivatazo

Este periódico desveló el 22 de junio de 2006 que durante las investigaciones de Grande-Marlaska sobre la trama de extorsión de ETA se había producido un chivatazo y que el magistrado estaba indagando si provenía de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

>La llamada de Ferraz

En septiembre de 2006, EL MUNDO informó de que los investigadores detectaron la existencia de una llamada telefónica el día del chivatazo que salía desde la sede del PSOE y cuyo destinatario era uno de los mandos policiales que participaba en la operación. Garzón elaboró un auto en el que 'desimputaba' tanto al emisor (el entonces jefe de seguridad del PSOE) como al comisario que atendió la llamada.

>El «amigo» Baltasar

Este diario también desveló las conversaciones entre un comisario de Información y el jefe superior del País Vasco. En dicha conversación, el primer mando policial le tranquilizó y le dijo que no se preocupara: «Garzón es amigo». La llamada se produjo cuando el jefe superior ya estaba en el punto de mira de los investigadores y su teléfono intervenido por su presunta implicación en el caso.

>El papel de Benítez

En diciembre EL MUNDO destapó que el actual vocal del CGPJ Gómez Benítez, puso sobre la mesa el chivatazo durante las conversaciones con ETA para demostrar la buena voluntad del Ejecutivo en el llamado 'proceso de paz'.

>La oferta al juez

EL MUNDO publicó que el juez Grande-Marlaska tuvo sobre la mesa una oferta laboral para trabajar como juez de enlace en Londres a cambio de paralizar las pesquisas hasta que regresara Garzón de su permiso en Estados Unidos y retomara él la investigación.

>La jerarquía policial

Este periódico descubrió los informes aportados por el equipo de Carlos G. en los que se denunciaba que el chivatazo había seguido toda la jerarquía policial, desde el entonces director general hasta un inspector de Vitoria.

>La oferta al juez

También publicó que en los informes se señalaba asimismo que el 'número dos' de Interior, Antonio Camacho, había contactado con García Hidalgo, en su móvil de tarjeta prepago cuyo número estaba también en poder de los negociadores de ETA.

EDITORIAL

Un auto de la Audiencia contra la impunidad

LA SALA de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó ayer una importante resolución que obliga al juez Garzón a seguir investigando el chivatazo del bar Faisán y que supone un duro golpe a las tesis de la Fiscalía.

El Ministerio Público había pedido en octubre pasado al juez que archivara la causa, argumentando que la instrucción no había logrado esclarecer los hechos y que, por tanto, no se podían exigir responsabilidades penales a los agentes y mandos policiales investigados.

La Sala responde ahora que «la gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España» de lo ocurrido obliga al instructor a proceder con «especial diligencia y celo» hasta «el agotamiento más allá de lo normal» de la investigación. Ello desbarata el intento del ministro de Interior de restar importancia al asunto con el argumento de que todos los miembros de la red de extorsión de ETA fueron detenidos posteriormente. Lo que dice la Audiencia Nacional es algo tan obvio como que, con independencia de ese hecho, el chivatazo fue un acto de auxilio a la banda desde el interior de la Policía y, por tanto, un hecho punible por sí mismo.

En su resolución, la Sala de la Audiencia asegura también que estamos ante delitos de revelación de secretos y de colaboración con banda armada cometidos «dentro del grupo de funcionarios policiales que tenían conocimiento de la operación». Es, por tanto, en el interior de la Policía donde hay que investigar la autoría material y entre sus superiores políticos donde habrá que encontrar el impulso intelectual.

Los tres magistrados que dictan este fallo instan, además, al juez instructor a practicar nuevas pruebas que había denegado a la acusación popular. La principal de ellas es que Garzón deberá llamar a declarar al inspector Carlos G., el funcionario policial que realizó la investigación interna y que redactó los informes en los que se concluye que el chivatazo partió de la cúpula policial. Este inspector sostiene que quien dio la orden de alertar a Joseba Elosua, uno de los jefes de la trama de extorsión de ETA, fue el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Aunque parezca increíble, Carlos G. nunca había sido llamado a declarar por el juez Garzón, lo que corrobora su escaso interés en conocer la verdad.

Igualmente, la Sala ordena al instructor que pida el listado y el contenido de las llamadas realizadas por el etarra al que Elosua tenía que entregar el dinero ese mismo día en Francia, otra diligencia que podría aportar luz al caso y que Garzón nunca quiso practicar.

La resolución de ayer de la Sala de lo Penal de la Audiencia supone, por tanto, un importante respaldo para EL MUNDO, sin cuyas revelaciones este caso habría sido ya seguramente archivado u olvidado. Hay que recordar que fue nuestro periódico quien primero informó sobre la existencia del chivatazo, luego sobre la implicación de la cúpula policial y, por fin, sobre el cruce de llamadas entre el ex director general de la Policía y Antonio Camacho, el secretario de Estado de Seguridad, en la víspera del delito.

Ayer mismo se escucharon ya las primeras voces intentando deslegitimar la resolución por el hecho de que uno de los tres magistrados, Enrique López, fue portavoz del CGPJ a propuesta del PP. Los que pretenden descalificar a López -que nunca figuró en unas listas electorales ni fue diputado como Garzón- olvidan que el fallo fue también suscrito por otros dos jueces con plena autonomía personal, a diferencia de la actuación de la Fiscalía, que depende orgánicamente del Gobierno y que ha hecho todo lo posible para echar tierra sobre el asunto. No lo ha conseguido porque el auto de la Audiencia Nacional desmonta las argucias de quienes han intentado por todos los medios que unas conductas extraordinariamente graves queden en la impunidad.

LUCHA ANTITERRORISTA / El 'caso Faisán'

El investigador ratifica ante Garzón que el director de la Policía ordenó el chivatazo

Denuncia que recibió «presiones» y «vejaciones» cuando investigaba al ex director de la Policía y a cuatro mandos

FERNANDO LÁZARO / JOAQUÍN MANSO

Madrid


En algo más de una hora, el juez Baltasar Garzón ventiló las tres declaraciones que le ordenó la Sala Penal de la Audiencia en el sumario del chivatazo policial a ETA. El magistrado había citado al inspector jefe Carlos G., responsable de la investigación, y a otros dos agentes de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián. El encargado de las pesquisas ratificó bajo juramento que quien ordenó el soplo fue el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo.

En su breve declaración, Carlos G., responsable de las informes encaminados a esclarecer la identidad de quienes dieron el chivatazo a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán y presunto integrante de la red de extorsión de ETA, ratificó sus análisis de los cruces de llamadas, en los que implica al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo.

Según explicaron fuentes jurídicas, el mando policial puso en uno de sus escritos los nombres de los que consideraba que estaban implicados en el chivatazo. En esos informes se relata cómo el soplo siguió la línea jerárquica de la Policía, con el ahora dirigente del PSOE de Álava Víctor García Hidalgo en el vértice superior de la trama. A él le considera el inspector como el verdadero dinamizador de la delación que estuvo a punto de frustrar la operación contra el aparato de extorsión de ETA. En un segundo nivel, el actual jefe superior de Policía, a quien acusa de haber hablado con Elosua y haberle dado los datos de que estaba siendo seguido.

Una inspectora de Información de San Sebastián, siempre según estos informes, era quien proporcionaba información al jefe superior sobre el avance de la operación contra el entramado del impuesto revolucionario. Carlos G. y su equipo incluyen en el grupo de sospechosos al comisario de Bayona, mando destinado en Francia desde hace más de 15 años. Lo consideran clave en las maniobras para evitar la actuación judicial de Le Vert contra el entramado etarra en el país vecino. El último eslabón sería un inspector de Vitoria dedicado a la lucha contra el terrorismo islamista y que sería el funcionario que entregó a Elosua su teléfono móvil, al que llamó para darle la información el jefe superior de Policía del País Vasco.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, Carlos G. denunció ante Garzón haber sufrido «graves presiones» encaminadas a que cambiara el enfoque de sus informes. El inspector habló de «vejaciones» que le obligaron a él y a su equipo a abandonar la Comisaría General de Información.

Ratificó todos y cada uno de los números de teléfono que figuran entre los informes, que calificó de «científicos». En esos documentos, entre otros números aparecía el móvil del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que contactó con García Hidalgo en un número prepago secreto que estaba también en manos de representantes de ETA en la negociación con el Gobierno.

Asimismo, el inspector descalificó la versión aportada en calidad de imputado por el jefe superior de Policía. Carlos G. constató cómo este mando se saltó aquellos días la escala de mando y mantuvo varias conversaciones con el ex director general de la Policía y principal sospechoso del chivatazo.

La declaración de este agente, esperada con gran expectación por parte de las acusaciones Dignidad y Justicia y la AVT, fue definida como «tranquila e interesante». De hecho, este mando policial declaró ante Garzón y ratificó sus informes en calidad de testigo. Desde algunos estamentos se entendía que el papel de Carlos G. en estas pesquisas estaba viciado ya que él y su equipo eran los responsables de las investigaciones sobre el aparato de extorsión.

Las acusaciones habían reclamado a Garzón, primero, y a la Sala después, que se incorporara a la Guardia Civil a las investigaciones con el fin de que se despejara cualquier sombra de duda sobre el propio equipo investigador. Tanto el juez como el tribunal rechazaron esta petición. En ambos casos mostraron su «confianza» en los investigadores.

También prestaron declaración otros dos policías de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián. Según fuentes de la investigación, ambos agentes controlaban la entrada al bar Faisán el 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el chivatazo. Sin embargo, según fuentes jurídicas, no pudieron aportar datos sobre el agente que accedió al local con el teléfono.



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El Partido Popular ya está personado

> Desde ayer a las 14.30, el PP está oficialmente personado en el sumario del chivatazo, ejerciendo la acusación conjunta con la Unión de Oficiales. A esa hora, depositaron 4.000 euros como fianza cada uno y, por la tarde, su abogado ya estuvo en el interrogatorio.

> Dignidad y Justicia se plantea pedir al juez que el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo vuelva a declarar como imputado. También estudian reclamar el testimonio de dos agentes de la Comisaría General de Información.

22 de febrero de 2010

11-M LA INVESTIGACIÓN / Los vídeos del laboratorio

'¡Puff... dinitrotolueno!'

Las grabaciones muestran el desconcierto y la preocupación de los peritos de la Policía y la Guardia Civil cuando apareció de forma notoria y reiterada un componente que no está en la Goma 2 ECO y sí en el Titadyn / El jefe de la pericia, Alfonso Vega, exclamó: «Esto hay que confirmarlo... Entonces, en este caso... puede que haya otra carga explosiva. Y ya empiezo yo a dudar de los Tedax y a cagarme en la madre que los parió» / Mientras la sentencia dice que «los ftalatos son componentes de la Goma 2 ECO y no del Titadyn», los peritos coinciden en que «no los puedes atribuir a un explosivo» porque «son ubicuos, están en todas partes»

JOAQUÍN MANSO / MANUEL MARRACO

Madrid


«¡Puff... dinitrotolueno!». El vídeo del análisis de los explosivos ordenado por el tribunal del 11-M exhibe la enorme zozobra que vivieron los peritos de la Policía y de la Guardia Civil tras el hallazgo del dinitrotolueno, un hidrocarburo que no forma parte de la composición de la dinamita Goma 2 ECO -la que tenían los islamistas- pero sí de la del Titadyn.

Fue el 6 de febrero de 2007. La cámara del laboratorio de la Policía Científica marcaba las 17.37 horas. Entonces, apareció. «¡Puff...!», resopló, estupefacto, el perito policial Andrés de la Rosa, mientras se dejaba caer sobre el respaldo de la silla. El técnico independiente Carlos Romero, junto a él, se alarmó: «¿El qué? ¿Qué ha pasado?». «Dinitrotolueno...», respondió, como derrotado, el primero. En medio de un gran revuelo y de la consternación de los técnicos oficiales, el policía jefe de la pericia, Alfonso Vega, reconoció la trascendencia de esa revelación: «En este caso, puede haber otra carga explosiva». Es decir: si hay DNT, hay otro explosivo.

iHasta las 17.37 no había pasado nada. A esa hora, se ve en la imagen al perito de la Policía Andrés de la Rosa y al independiente Carlos Romero Batallán, designado por la defensa de Jamal Zougam, mientras esperan frente a la pantalla del ordenador. Observan los resultados de la cromatografía de gases a la que acaban de someter una bobina eléctrica y varias piezas metálicas impregnadas de explosivo recogidas por los Tedax en el tren de El Pozo tras la matanza del 11-M. Es la muestra etiquetada como M-6-12-D.

Las primeras conclusiones que ofrece la prueba disgustan al químico oficial, aunque parece tomárselas como una coyuntura rutinaria. «Aquí hay mucha porquería que hay que estudiar», dice, sin darle demasiada importancia. Pero, de pronto, todo cambia. El cromatograma revela un pico inesperado y De la Rosa encaja el golpe de manera instantánea: «¡Puff...!», resopla, y al mismo tiempo hace un movimiento de cabeza hacia atrás, se recuesta a peso sobre el respaldo de la silla y levanta de forma inconsciente la mano izquierda para luego dejarla caer, como quien se sabe metido en un buen lío.

«¿El qué? ¿Qué ha pasado?», le pregunta, con tono de alarma, el perito de la defensa. El técnico de la Policía le responde, en tono de decepción: «Dinitrotolueno...».

- ¿Qué?

- Dinitrotolueno.

- ¿Di-ni-tro-to-lue-no?

- Éstos son los dos isómeros del DNT...

- ¿Del?

- Del DNT...

Uno y otro actúan como si no diesen crédito a lo que están viendo. De repente, la tesis de la Fiscalía y de la Comisaría General de Información había quedado en entredicho. ¿Es posible que en los trenes estallara algo distinto a la dinamita que sacó Emilio Suárez Trashorras de Mina Conchita para los islamistas? A sólo una semana del juicio, se abría la puerta a la participación de otros actores en el atentado.

De la Rosa se levanta y corre a dar la noticia. Inmediatamente se produce un gran revuelo frente al ordenador conectado al cromatógrafo de gases. Quienes más zozobra expresan son los peritos de la Guardia Civil, los tenientes Carlos Atoche y José Luis Ferrando, que miran una y otra vez los resultados del cromatograma para comprobar que el dato es cierto. Dos minutos después, aparece el técnico de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Antonio Iglesias -autor del libro Titadyn-, acompañado del jefe de la pericia, Alfonso Vega. Éste parece desconcertado: «¿Sale DNT? ¿Sí?». «Sí», contesta Romero Batallán.

- Esto ya... Esto hay que trabajarlo mucho... , titubea Vega, sorprendido y desbordado por una situación indeseable para él.

- ¡Esto hay que sudarlo, macho!, le inquiere Romero, con sorna.

- ¿A ver? Déjame que mire..., dice el jefe de los análisis mientras se acerca a la pantalla del ordenador.

- Sí que sale, sí, insiste el perito de la defensa.

- ¿Habéis echado blanco [metanol] antes?, pregunta Vega para cerciorarse de que la prueba está, efectivamente, bien hecha.

En unos segundos, él mismo parece convencerse: «Pues sí que sale, ¿eh?». Pero aunque admite que «prácticamente no hay duda», pone en marcha de nuevo el cromatógrafo para efectuar un segundo análisis. La cámara del laboratorio capta un verdadero cuadro revelador durante los minutos de espera a que se lleve a cabo, otra vez, el proceso de adsorción.

Los peritos oficiales se comportan intranquilos, acongojados, tensos. Especialmente afectados parecen los dos técnicos de la Guardia Civil, que caminan de un lado a otro sin ir a ninguna parte, se atusan los cabellos, se palpan la frente o se tapan la boca mientras resuellan, transmitiendo sensación de aflicción y de agobio. Vega reacciona de otra forma y habla de manera casi compulsiva con Antonio Iglesias, que se limita a escuchar y a tomar notas.

Por la boca muere el pez. Es en este lapso de nervios cuando el jefe de la pericia se confiesa, sin que nadie le pregunte: «Esto... Esto hay que confirmarlo... Esto hay que confirmarlo vía HPLC [la técnica de la cromatografía líquida], ¿eh? Esta muestra hay que extraerla de nuevo en HPLC, porque entonces, en este caso... puede que haya otra carga explosiva [otra dinamita]. Y ya empiezo yo a... a dudar de los Tedax. Y a cagarme en la madre que los ha parido». A medida que avanza en este soliloquio entrecortado, la mirada comprensiva y hasta cómplice del perito de la Guardia Civil Carlos Atoche le anima a expresar esas reservas hacia la actuación del equipo de artificieros que dirigía Juan Jesús Sánchez Manzano y hacia las tesis oficiales. Como si ambos ya lo hubiesen hablado antes.

El complejo aparato vuelve a retener el DNT en el momento adecuado. Y ya no hay duda. Alfonso Vega mira el reloj en un gesto forzado, hincha los carrillos de aire, lo expulsa, se levanta y sale de la habitación.

Se quedan, dando vueltas en círculo, los peritos de la Guardia Civil con el de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Gabriel Moris, que ha asistido a toda la escena fuera de cámara, apostillando algún comentario con escepticismo distante. El técnico del Instituto Armado Carlos Atoche resume apesadumbrado en ese instante su sentimiento y, probablemente, el de los cuatro técnicos oficiales: «Nos vamos a hacer famosos, ya verás». Pues sí.

Tres años después, Romero Batallán recuerda que «hubo un antes y un después» en el comportamiento de los peritos oficiales. «Nosotros [los técnicos independientes] no íbamos buscando nada y ellos tenían absoluta confianza en que no iba a aparecer nada. Por eso, de repente, se extrañaron de todo», relata.

El perito de la defensa rememora cómo el técnico policial Andrés de la Rosa «se quedó blanco, lívido» cuando vio en la pantalla del ordenador el pico del cromatograma que delataba la presencia inequívoca del DNT en la muestra del tren de El Pozo. En ese momento, hubo en el laboratorio «un movimiento tremendo».

El DNT fue detectado después en todos los focos de los trenes. También -con un apagón mediante, que motivó que durante una noche dejase de grabarse lo que sucedía en el laboratorio- en muestras de dinamita que no había sido explosionada. Incluso en algunas que no habían dado positivo cuando fueron analizadas tres años antes, como las tomadas de la furgoneta Kangoo o de la mochila de Vallecas. Esto dio pie a sucesivas teorías de la contaminación -en fábrica, en el laboratorio de los Tedax...- que fueron decayendo. Ninguna fue asumida por el tribunal y casi todas han sido refutadas por métodos científicos.

LOS VÍDEOS DE LOS ANÁLISIS DE LOS EXPLOSIVOS DEL 11-M REFUTAN LA SENTENCIA


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«Nos vamos a hacer famosos, ya verás»
Esta captura del vídeo es suficientemente ilustrativa de la aflicción con que recibieron los peritos oficiales la noticia de que una muestra del tren de El Pozo había dado positivo por dinitrotolueno. El policía jefe de la pericia, Alfonso Vega (dcha.), se retira del laboratorio, visiblemente contrariado, tras realizar una prueba que confirmó el dato. El técnico de la Guardia Civil José Luis Ferrando se lleva las manos a la cabeza. Ya nada encaja. Detrás aparece el químico del Instituto Armado Carlos Atoche, que se lamenta: «Nos vamos a hacer famosos, ya verás». Pues sí.

11-M LA INVESTIGACIÓN / Los vídeos del laboratorio

Los ftalatos «no los puedes atribuir a un explosivo»

Los peritos refutan el argumento que usó el tribunal para decir que estalló Goma 2 ECO

JOAQUÍN MANSO. MANUEL MARRACO

Madrid

El vídeo de la pericia contiene algunas conversaciones entre el policía director de los análisis, Alfonso Vega, y el perito de la Guardia Civil Carlos Atoche que refutan sin ninguna duda el argumento clave del que se sirvió el tribunal para afirmar en la sentencia del 11-M que «está probada la presencia de Goma 2 ECO en todos los trenes donde explosionaron artilugios».

Los magistrados sostienen que el dibutilftalato es «componente de la Goma 2 ECO y no lo tiene el Titadyn» y, por consiguiente, razonan que «un componente exclusivo de ese tipo de dinamita plástica en un porcentaje relevante -más del 1%-, el dibutilftalato, está en todos» los focos de las explosiones. Sin embargo, los dos técnicos sostienen en la grabación exactamente lo contrario: ni es exclusivo de la Goma 2 ECO ni se puede atribuir a un explosivo.

Mientras terminan de examinar el cromatograma de la muestra que había dado positivo por DNT, los dos químicos ilustran en tono docente al perito de las víctimas Antonio Iglesias -que es especialista, precisamente, en plastificantes como los ftalatos-. En ese diálogo reconocen que el dibutilftalato es un componente tan genérico que «está en todas partes» y no se puede «atribuir a un explosivo». Ésta es la conversación:

- Alfonso Vega: Mira, aquí tenemos dibutilftalato. Pero también, lo mismo te digo… el ftalato… pero te quiero decir que lo del ftalato…

- Carlos Atoche: No lo puedes atribuir a un explosivo.

- A. V.: Te digo, te digo… es como una contaminación genérica.

- C. A.: Del mundo mundial…

- A. V.: Del mundo mundial, vamos…

- C. A.: Es decir, no se puede asimilar esto… Aunque sabemos que los explosivos tienen ftalato, no podríamos decir que este ftalato proviene del explosivo, prácticamente aunque los tuvieran a la vez, porque es que…

- Antonio Iglesias: No es específico.

- C. A.: Son ubicuos. Están en todas partes.

- A. V.: Aun sabiendo que lo tienen…

- C. A. [mientras enseña un tarro de cristal que contiene bolsitas con muestras]: ¿Tienes plásticos aquí? Pues ya estás jodido, porque es un fundamento para tratarlos.

Los ftalatos se utilizan en el tratamiento de los cartuchos de explosivos para conseguir una textura gomosa, pero también en pinturas, PVC y plásticos, en general. El perito Atoche, en el diálogo reproducido anteriormente, admite de manera implícita que, si las muestras han estado guardadas en bolsitas, ya es motivo más que suficiente para que ese componente aparezca en los análisis, sin que eso sirva para identificar la marca de la dinamita.

Durante el juicio, sin embargo, ese técnico de la Guardia Civil introdujo el argumento de que se habían detectado ftalatos en la muestra M-1 para descartar que se tratase de Titadyn. En ese análisis, de un polvo de extintor recogido en El Pozo, se encontraron DNT y nitroglicerina, componentes de ese explosivo y que no están en la Goma 2 ECO.

El fiscal Javier Zaragoza se agarró a ese razonamiento. «¿Aparece ftalato de dibutilo en los restos de Tita- dyn explosionado?», le preguntó. Y Carlos Atoche contestó así: «El ftalato de dibutilo es un componente que no pertenece al Titadyn. Sólo es de la Goma 2 ECO». Esa respuesta, pese a las protestas de los peritos independientes, caló en el tribunal y se trasladó a la sentencia.

Sin embargo, Alfonso Vega, en la causa que se sigue contra el ex jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, en los juzgados de plaza de Castilla, sí ha sostenido que el dibutilftalato no es un componente de los explosivos.

El químico Antonio Iglesias, en su libro Titadyn, expone que, durante la pericia de los explosivos, analizaron un cartucho de esa dinamita, tomado entre los incautados a dos etarras en Cañaveras. El encargado de llevar a cabo esa prueba fue Atoche. Según relata Iglesias, en ese cromatograma del cartucho de Titadyn se observa un pico «marcado de forma genérica como ftalato» y que «corresponde exactamente a dibutilftalato».



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Las precauciones del jefe de la pericia

El policía director de la pericia, Alfonso Vega, se mostró repetidamente preocupado por trasladar a los peritos la seguridad de que todos los restos de explosivo se quedarían precintados cuando ellos no estuviesen en el laboratorio. «Que no quiero que haya ningún problema», reiteraba una y otra vez. El 6 de febrero, después de detectarse el DNT, expresó esas precauciones de manera más insistente y exagerada que nunca. Aquella tarde, cuando ya se habían ido los químicos, se fue la luz y la cámara dejó de grabar. Luego, apareció dinitrotolueno en todas las muestras: también en algunas que fueron analizadas en 2004 sin que eso ocurriera. Había nacido la 'teoría de la contaminación'.

A FONDO

Mentiras y cintas de vídeo

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

El documento que hoy da a conocer EL MUNDO, las grabaciones realizadas en el laboratorio de la Policía Científica donde se llevó a cabo la pericia ordenada por la Audiencia Nacional sobre los explosivos que se utilizaron en la masacre del 11-M, constituye una prueba fundamental que pone en cuestión la propia sentencia.

Entraré más adelante en esa cuestión. Antes, quiero que sepan que lograr que salgan a la luz esas grabaciones no ha sido cosa fácil. El juez Gómez Bermúdez, que diligentemente ordenó la pericia, cuestionando así la instrucción de su colega Juan del Olmo, no llegó a mostrarlas como prueba durante la vista oral.

Tras la sentencia, una de las defensas las solicitó para preparar su recurso ante el Supremo, pero Bermúdez dio largas para terminar denegando su entrega.

Posteriormente, el 29 de octubre de 2008, la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M solicitó esa prueba. En principio, Gómez Bermúdez se negó a entregársela, y luego, tras un recurso, aceptó a regañadientes aportarla a la Asociación.

Esa actitud pone de relieve la contradictoria actuación, durante el proceso, del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Fue él quien ordenó una nueva pericia para aclarar qué explosivo fue utilizado por los terroristas y quien dio instrucciones para que el trabajo de los peritos fuera grabado en vídeo y en audio.

Gómez Bermúdez presumía, durante la celebración del juicio, del seguimiento personal del visionado de las cintas en las que se podían ver y oír las discusiones de los peritos sobre la composición de los explosivos. Sin embargo, ha privado a las partes de esa prueba hasta ahora. ¿Por qué?

Probablemente porque en esas cintas se pone de manifiesto que la sentencia que redactó como ponente, en lo relativo a los explosivos, no se sostiene.

Las cintas hubieran dormido el sueño de los justos de no ser por el empeño de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, la perseverancia del perito Antonio Iglesias y la honestidad del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.

A finales de mayo de 2009, Iglesias publicó un libro (Titadyn), en el que cuestiona la conclusión recogida en la sentencia, que avala con matices la tesis de la Fiscalía según la cual los terroristas utilizaron Goma 2 ECO.

En base a las pruebas aportadas por Iglesias, la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M presentó una querella contra el responsable de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, y contra la perito de los artificieros que hizo los análisis sobre los restos de los focos en la misma mañana del atentado. Una de las pruebas solicitadas por la acusación fue la aportación de esas cintas.

Esa petición y el interés mostrado por Juanes en que se acelerara la entrega de las copias han producido el milagro.

Ahora, cuando se cumplen justo tres años desde el inicio de la pericia, las cintas han podido ser, por fin, visionadas.

No faltará quien repita la monserga de que EL MUNDO vuelve a resucitar el 11-M, cuando ya hay una sentencia y se trata de un asunto cerrado. A los que no quieran saber lo que pasó les aconsejo que no vean estas cintas, que no lean su transcripción, no vaya a ser que las dudas les hagan perder el sueño.

Prefiero pensar en los miles, millones de ciudadanos, que no se creen la versión oficial sobre el 11-M. Y, sobre todo, en las víctimas, que siempre han demandado la verdad y nos han animado a no abandonar.

¿Por qué es tan importante la determinación del explosivo que utilizaron los terroristas del 11-M? Lo que hace especialmente relevante esa cuestión en el mayor atentado cometido en la Historia de España es que, en ese caso, el tipo de explosivo determinaba la autoría del mismo.

Por esa razón, desde el primer momento, la versión oficial insistió de forma machacona en que tenía que ser Goma 2 ECO y no otra cosa, porque ese explosivo llevaba a Mina Conchita y, por tanto, al contubernio de drogotas e islamistas que diseñaron y llevaron a cabo un atentado que cambió el curso político de la Historia de este país.

Si no era Goma 2 ECO, las posibilidades se abrían hacia otros autores, hipótesis que hacía tambalearse a la versión oficial, tan políticamente correcta como simple: unos islamistas radicales, conectados con Al Qaeda, matan a 191 personas en Madrid en venganza por la participación de España en la Guerra de Irak. Esa versión no sólo resolvía el enigma, sino que inculpaba de paso a Aznar en la masacre por su apoyo a Bush. Se mataban dos pájaros de un tiro.

Si no hubiera sido por la torpeza de Sánchez Manzano, nadie hubiera puesto en cuestión que lo que estalló en los trenes fue Goma 2 ECO, a pesar de que el propio jefe de los Tedax contribuyó al despiste del Gobierno de Aznar al decirle a su jefe en la mañana del 11-M que lo que había estallado en los trenes había sido «Titadyn con cordón detonante» (o sea, el explosivo que utiliza ETA).

Pero, de nuevo, fue Manzano el que levantó la liebre al afirmar por dos veces en su comparecencia en el Congreso ante la comisión del 11-M que en los análisis de los focos se había detectado «nitroglicerina», que no es componente de la Goma 2 ECO.

Fue EL MUNDO quien puso de relieve esa contradicción, lo que, a la postre, animó a Gómez Bermúdez a ordenar una nueva pericia para determinar qué explosivo se había utilizado realmente.

En las cintas que hoy se dan a conocer se puede comprobar la sorpresa del director de la pericia, Alfonso Vega, nombrado para tal función directamente por el jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, al descubrir la aparición de un componente que nada tiene que ver con la Goma 2 ECO, el dinitrotolueno. Eso, dice de forma entrecortada, nos llevaría «a otro explosivo».

Pero, además, tanto Vega como el perito de la Guardia Civil Carlos Atoche ponen de manifiesto que el dibutilftalato no puede ser considerado como un componente, sino como un elemento contaminante de las sustancias analizadas.

Esa afirmación contradice lo declarado por el propio Atoche en la vista oral, en el sentido de que ese elemento es un componente de la Goma 2 ECO. Pero esa contradicción no es lo más grave. Su afirmación, compartida por el director de la pericia, lo que pone en cuestión es la sentencia misma, en la que Gómez Bermúdez establece que el dibutilftalato «forma parte de la Goma 2 ECO y no del Titadyn».

EDITORIAL

Un documento que debería obligar a reabrir la investigación del 11-M

EL MUNDO empieza a publicar hoy una serie de documentos de enorme trascendencia en la medida en que estamos seguros de que cambiarán la percepción de la sentencia sobre los atentados del 11-M de cualquiera que las examine de buena fe.

Lo que relata nuestro periódico básicamente es lo que ocurrió en el laboratorio de la Policía Científica en febrero de 2007 durante las pruebas periciales de los explosivos, ordenadas por el tribunal. Tanto la transcripción de lo que dicen los peritos como las imágenes estáticas de algunos momentos clave son muy expresivas. Pero no hay nada como visionar la filmación que emitirá esta noche Veo7 en el programa La vuelta al mundo para darse cuenta de la fuerza del testimonio.

Estamos convencidos de que estas imágenes captadas el 6 de febrero de 2007, una semana antes del comienzo de la vista oral, habrían cambiado por completo el rumbo del juicio y desembocado en otra sentencia si hubieran sido exhibidas en la sala. El propio fallo del Supremo al examinar los recursos podría haber sido también distinto si alguna de las partes hubiera podido aportar este vídeo.

La sospechosa actitud de Gómez Bermúdez

En este contexto, resulta muy difícil de entender la actitud de Gómez Bermúdez, presidente del tribunal, que dedicó una sesión durante la vista oral para aclarar las discrepancias y contradicciones en las que incurrían los informes de los peritos. Lo lógico y lo coherente es que Gómez Bermúdez les hubiera pedido explicaciones sobre lo que se ve en esta grabación, que sin duda él conocía.

Más sospechosa resulta todavía la decisión de Gómez Bermúdez de negar a las partes estas grabaciones tras el final del juicio. Luego rectificó, pero ha tardado tres años en entregárselas.

Cuando decimos que las imágenes grabadas a los peritos podrían haber cambiado la sentencia, nos referimos concretamente al momento en el que aparecen en el cromatógrafo de gases restos inequívocos de dinitrotolueno (DNT), un componente que no forma parte de la Goma 2 ECO y sí, en cambio, del Titadyn. Procede recordar que la primera noticia transmitida por los mandos policiales al Gobierno de Aznar en la mañana del 11-M es que lo que había estallado en los trenes era «Titadyn con cordón detonante».

Basta fijarse en las expresiones de los peritos, en su tono de voz y en sus caras de asombro para corroborar que todos ellos se dieron cuenta en ese momento que el explosivo utilizado por los terroristas no podía ser la Goma 2 ECO que tenían los islamistas en el piso de Leganés ni la robada en Mina Conchita.

Hay que subrayar que es la propia espontaneidad de las reacciones que filma la cámara lo que aporta credibilidad a que la versión oficial había quedado gravísimamente dañada por el hallazgo del DNT. De esas reacciones de los peritos se deduce la sospecha flagrante de que los Tedax habían manipulado la investigación. «Esto hay que confirmarlo… Entonces en este caso… puede que haya otra carga explosiva. Y ya empiezo yo a dudar de los Tedax y a cagarme en la madre que los parió», exclama Alfonso Vega, jefe de la pericia y experto de la Policía Nacional.

La aparición del DNT provocó tal estupor que los defensores de la versión oficial tuvieron que recurrir a explicaciones tan inverosímiles como la de que las muestras se habían contaminado en las dependencias policiales pese a estar selladas.

Hay, sin embargo, algo menos aparatoso y espectacular pero más relevante aún que surge de estas grabaciones: los comentarios de los peritos cuando aparecen restos de dibutilftalato en las muestras analizadas de los explosivos.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional, el dibutilftalato «es un componente de la Goma 2 ECO y no lo tiene ni el Titadyn ni la Goma 2 EC». Esta aseveración es clave porque sobre ella descansa la hipótesis de que los terroristas utilizaron la Goma 2 ECO, sustraída en Asturias.

Pues bien, en uno de los fragmentos de la grabación los peritos afirman justamente lo contrario de lo que se dice en la sentencia: que el dibutilftalato puede aparecer en cualquier explosivo, puesto que se trata de un plastificante muy utilizado por los fabricantes. «Es como una contaminación genérica... del mundo mundial», comentan a dúo el propio Vega y el guardia civil Atoche.

Desmontado el argumento de que el dibutilftalato indicaba la presencia de Goma 2 ECO y tras hallar restos de DNT, pocas dudas podían quedar a los expertos, incluidos los de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de que el explosivo que estalló en los trenes no era Goma 2 ECO y casi con toda seguridad era Titadyn.

La trascendencia de este hallazgo, ratificada por el trabajo posterior del perito Antonio Iglesias, podría permitir pedir la nulidad de la sentencia del 11-M y emprender acciones por falso testimonio contra el perito Carlos Atoche, técnico de la Guardia Civil, que dice en la grabación lo contrario de lo que declaró en el juicio. El propio Gómez Bermúdez se agarró en el juicio al testimonio de Atoche para justificar la versión oficial sobre los ftalatos.

El mérito de la Asociación de las Víctimas

El hecho de que un documento de tanta trascendencia como esta grabación haya tardado tres años en salir a la luz resulta indicativo de la mala fe del tribunal -por lo menos de su presidente- y pone también en evidencia el meritorio esfuerzo de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, sin cuya tenacidad y empeño no habríamos podido conocer la verdad.

Las revelaciones que hoy publica EL MUNDO no sólo suponen un duro varapalo a la sentencia de la Audiencia Nacional sino que además aportan valiosos elementos de juicio para ser utilizados en el procedimiento que se sigue contra Juan Jesús Sánchez Manzano, el ex jefe de los Tedax, acusado de ocultación de pruebas, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos.

La sentencia del 11-M afirma categóricamente en la página 537 que la dinamita utilizada en los atentados era «todo o gran parte de la procedente de Mina Conchita», la misma que había sido hallada en el piso de Leganés tras el suicidio de los islamistas. A la luz de lo que hoy publica nuestro periódico, esa tesis no se sostiene.

Como todo el desarrollo de los hechos que la sentencia da por probados descansa en que los explosivos fueron robados en Asturias y traídos a Madrid y que se trataba de Goma 2 ECO, lo que publicamos hoy exige la reapertura de la investigación del 11-M, que fue cerrada en falso y sobre la que aumentan conforme pasa el tiempo los interrogantes. Mientras eso no suceda, nuestra democracia tendrá una tremenda asignatura pendiente.